Ley de Economía Digital México: el Pleno discutirá pagos digitales, pero persisten brechas de acceso y seguridad

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el jueves 1 de octubre de 2026 el dictamen de la propuesta de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, presentada por el Ejecutivo federal, y lo envió a la Mesa Directiva para que sea discutido y votado por el Pleno en la Cámara de Diputados. El proyecto busca extender el uso de transferencias, tarjetas, códigos QR y otras tecnologías en trámites, servicios públicos y operaciones comerciales, pero todavía no es una ley vigente. N+ reportó 24 votos a favor y cuatro en contra, mientras que Expansión informó 25 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones.

El paso legislativo importa porque la iniciativa no se limita a promover aplicaciones financieras. El texto plantea obligaciones para proveedores de bienes y servicios y para los tres órdenes de gobierno: habilitar infraestructura para recibir pagos digitales, informar qué medios están disponibles y atender contingencias que impidan utilizarlos. También reconoce la CURP Digital como mecanismo de confianza para ciertos procesos de contratación digital de servicios financieros y contempla el uso de otros medios oficiales de identificación.

En breve

• El dictamen avanzó en comisión, pero aún debe ser discutido y votado por el Pleno.
• La propuesta permitiría pagar trámites y servicios públicos con transferencias, tarjetas, códigos QR y otras herramientas digitales.
• El efectivo o el cheque seguirían contemplados cuando una contingencia impida recibir pagos digitales, aunque el alcance de esa protección será parte central del debate.

Qué cambiaría si el Pleno la aprueba

La iniciativa registrada en el Sistema de Información Legislativa tiene como objetivo cerrar la distancia entre la infraestructura tecnológica disponible y su uso cotidiano. El proyecto menciona medios como transferencias electrónicas, tarjetas, códigos QR y otras tecnologías de pago, sin reducir el esquema a una sola plataforma.

En la práctica, esto podría traducirse en que dependencias federales, estatales y municipales tengan que aceptar pagos digitales para trámites y servicios. El cambio alcanzaría desde derechos y aprovechamientos gubernamentales hasta ciertos cobros asociados con bienes y servicios ofrecidos por empresas. La propuesta también abre la puerta a que sectores o actividades considerados estratégicos por la Secretaría de Hacienda tengan reglas más estrictas sobre la aceptación de medios electrónicos.

La diferencia entre promover y exigir será determinante. Una política de adopción voluntaria puede ampliar opciones; una obligación sectorial puede modificar la manera en que pequeños comercios cobran, registran sus operaciones y administran su liquidez. Por eso, el dictamen deberá leerse junto con sus reglas secundarias: ahí se definirían los plazos, las excepciones, los costos de operación y las responsabilidades cuando un pago sea rechazado o una transferencia no se refleje.

La paradoja del efectivo: el medio que la ley busca reducir sigue siendo el más usado

El proyecto parte de una realidad verificable: México cuenta con SPEI, CoDi, DiMo, banca móvil, tarjetas y códigos QR, pero la disponibilidad de esas herramientas no significa que todas las personas puedan utilizarlas en igualdad de condiciones.

Los datos del Banco de México muestran la dimensión del problema. En sus resultados sobre hábitos de efectivo de 2024, 91% de la población objetivo dijo acostumbrar usar efectivo en sus gastos diarios; 17% reportó utilizar tarjeta de débito, 4% tarjeta de crédito y 3% pagos electrónicos o transferencias. El propio banco central señaló que, ante un escenario sin efectivo, las personas que enfrentarían mayores dificultades serían, entre otros grupos, quienes viven en comunidades rurales, las personas mayores y quienes tienen bajos ingresos. Estos resultados deben ser considerados antes de convertir la digitalización en una condición de acceso.

La propuesta sí contempla que, cuando una contingencia impida recibir pagos electrónicos y digitales, se permita utilizar efectivo o cheque. Sin embargo, una excepción por falla técnica no resuelve todos los casos de exclusión. Una persona puede tener señal y aun así no contar con cuenta bancaria, tarjeta, saldo, teléfono inteligente, documentos actualizados o conocimientos suficientes para completar la operación.

Conectividad: la cobertura nacional no equivale a acceso confiable

La brecha tampoco es únicamente financiera. La ENDUTIH 2024 del INEGI estimó que 83.1% de las personas de seis años o más utilizó internet, pero la proporción fue de 86.9% en el ámbito urbano y de 68.5% en el rural. Además, que una persona pueda conectarse no significa que la red sea estable durante una compra, que tenga datos móviles suficientes o que el comercio pueda mantener una terminal operativa.

Esta diferencia puede producir una desigualdad poco visible: el pago digital funciona para quien tiene dispositivo, conexión y cuenta, pero se vuelve una barrera para quien carece de uno solo de esos elementos. En comunidades rurales, mercados, transporte local y pequeños negocios, una interrupción de red podría detener una venta o impedir el pago de un trámite si no existen alternativas claras.

La discusión legislativa debería precisar qué autoridad verificará que los proveedores mantengan opciones funcionales, cuánto tiempo podrá durar una contingencia y qué ocurrirá con las personas que no puedan pagar digitalmente por una causa ajena a ellas. Sin esas reglas, la obligación de digitalizar puede trasladar el costo de la modernización a los usuarios con menos capacidad de respuesta.

CURP Digital e identidad: comodidad contra concentración de riesgos

Uno de los componentes más sensibles es el reconocimiento de la CURP Digital como mecanismo de confianza para contratar servicios financieros en línea. La medida podría reducir trámites presenciales y facilitar la apertura o contratación de productos financieros, especialmente para quienes enfrentan costos de traslado o viven lejos de una sucursal.

Pero la identidad digital no es solamente una herramienta de comodidad. También concentra información personal y aumenta el impacto potencial de una filtración, un robo de identidad o una suplantación. Durante la discusión en comisión, legisladores cuestionaron que la propuesta no detallara de manera suficiente las salvaguardas frente a ciberataques, filtraciones y uso indebido de datos, según la cobertura de Expansión.

Antes de aprobar el dictamen, convendría establecer responsabilidades concretas: quién responde cuando una identidad es utilizada para contratar un producto, cómo se revierte una operación fraudulenta, qué autoridad investiga el incidente y cuánto tiempo tienen las instituciones para avisar a la persona afectada. También será necesario evitar que la CURP Digital se convierta, de facto, en la única puerta de entrada a servicios financieros para quienes no puedan completar una validación biométrica o digital.

El beneficio posible para negocios y gobierno, con costos que no pueden ocultarse

La digitalización puede generar ventajas reales. Los comercios podrían contar con historiales de ventas más verificables, facilitar conciliaciones y eventualmente acceder a crédito con mayor información sobre sus ingresos. Las autoridades podrían reducir manejo de efectivo, agilizar pagos y mejorar la trazabilidad de algunas operaciones. La iniciativa también podría ayudar a que ciertos servicios públicos dejen de depender de ventanillas, horarios y traslados.

Pero esos beneficios no son automáticos. Las terminales, las comisiones, la conectividad, la capacitación y la atención de aclaraciones representan costos. Para una microempresa, una comisión por operación o una demora en la liquidación puede tener un efecto mayor que para una cadena nacional. Si la ley establece obligaciones sin reglas de proporcionalidad, podría favorecer a los grandes operadores que ya cuentan con sistemas de cobro y trasladar la carga a pequeños negocios.

También debe evitarse confundir trazabilidad con fiscalización inmediata. La propuesta no incorpora, de acuerdo con la información disponible, cambios fiscales por sí misma. Sin embargo, una mayor circulación de pagos digitales dejaría más registros financieros, lo que puede ser útil para combatir operaciones ilícitas, pero también exige límites claros sobre el acceso, conservación y uso de esos datos.

Qué debería revisar el Pleno antes de votar

1. Alternativas efectivas: garantizar que el efectivo siga siendo una opción cuando la persona no pueda utilizar un medio digital, no solo cuando exista una falla técnica.
2. Protección de identidad: definir responsabilidades por suplantación, filtraciones y contrataciones no reconocidas mediante CURP Digital.
3. Conectividad y resiliencia: establecer estándares mínimos para que los pagos funcionen en zonas rurales y durante interrupciones de red o energía.
4. Costos para pequeños negocios: transparentar comisiones, tiempos de liquidación y obligaciones de infraestructura.
5. Datos y vigilancia: limitar el uso de la información generada por los pagos y asegurar mecanismos de reclamación accesibles.
6. Reglas secundarias: fijar plazos, sectores alcanzados, excepciones y autoridades responsables antes de aplicar cualquier obligación.

El dictamen llega al Pleno con una promesa de modernización y una tensión que no puede resolverse con tecnología: digitalizar pagos puede ampliar el acceso, pero también puede excluir a quienes todavía dependen del efectivo. La pregunta relevante para la Cámara de Diputados no es si México debe utilizar más herramientas digitales, sino bajo qué condiciones una persona podrá seguir pagando, reclamar un fraude o completar un trámite cuando la infraestructura, la cuenta bancaria o la identidad digital fallen.

Fuentes consultadas

• Sistema de Información Legislativa: iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
• N+: Avanzan en comisiones Ley de Pagos Digitales y Ley Aduanera; pasarán al Pleno.
• Expansión: La Ley de Economía Digital es aprobada por diputados en Comisión de Hacienda.
• INEGI: resultados de la ENDUTIH 2024.
• Banco de México: resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2024.