La CNDH propone abordar el uso de la Inteligencia Artificial desde los derechos humanos.

Pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Este organismo nacional expresa su preocupación por el deceso de un adolescente de 15 años, presuntamente vinculado a una organización criminal en Michoacán
Solicita a los tres niveles de gobierno reforzar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y atender las causas que favorecen sean cooptadas por la delincuencia organizada

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer las políticas públicas orientadas a prevenir el reclutamiento de personas menores de edad por parte del crimen organizado y a ampliar las oportunidades educativas, deportivas, culturales y laborales para adolescentes en contextos de riesgo.

También considera necesario reforzar los mecanismos de protección y restitución de derechos para víctimas; mejorar la atención psicosocial de niñas, niños y adolescentes expuestos a la violencia, y consolidar estrategias de desarrollo comunitario que atiendan las causas estructurales que permiten la expansión de este fenómeno.

Particularmente, este organismo expresa su preocupación ante los hechos, recientemente difundidos, sobre el deceso de un adolescente de 15 años, presuntamente vinculado a una organización criminal en el estado de Michoacán. Este caso, más allá de sus circunstancias particulares, representa una dolorosa manifestación de una problemática extendida en diversas regiones del país: el reclutamiento forzoso, utilización y explotación de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada.

El fallecimiento de un adolescente en un contexto de violencia criminal no debe limitarse a una lectura centrada exclusivamente en la seguridad pública; se trata también de una tragedia que evidencia la vulneración sistemática de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que, por diversos factores, son captados por organizaciones delictivas para desempeñar funciones que van desde la vigilancia y el transporte de mensajes o mercancías ilícitas, hasta la participación directa en actividades armadas.

Es imprescindible resaltar que, detrás del sobrenombre que diversos medios de comunicación han ocupado para referirse a dicha persona, existía un adolescente de 15 años cuya historia pone de manifiesto las fallas estructurales que continúan afectando a miles de niñas, niños y adolescentes en México; ante lo cual, no podemos normalizar que las infancias sean utilizadas como instrumentos de la violencia ni aceptar que menores de edad sean incorporados a dinámicas criminales.

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado no ocurre de manera aislada, ni responde únicamente a decisiones individuales. Detrás de estos casos, existen profundas condiciones estructurales de desigualdad y exclusión que facilitan la captación de este sector poblacional.

La pobreza, migración, falta de acceso a educación de calidad, deserción escolar, violencia intrafamiliar, precariedad económica, ausencia de espacios comunitarios seguros, desplazamiento forzado y la limitada presencia institucional generan escenarios en los que grupos criminales encuentran condiciones propicias para reclutar, cooptar o forzar la participación de niñas, niños y adolescentes en sus actividades.

En este sentido, cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han advertido que la problemática de desaparición y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en México reviste especial gravedad. En su informe más reciente señalan que, al 19 de agosto de 2025, se registraron 18,192 personas menores de edad desaparecidas en el país, y documentan que este sector de la población enfrenta un alto riesgo de ser reclutado por organizaciones criminales mediante la fuerza, la coerción o el aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad.

En numerosas comunidades afectadas por la violencia, así como en poblaciones migrantes, las organizaciones criminales aprovechan las carencias materiales y la falta de oportunidades para ofrecer ingresos económicos, reconocimiento social, sentido de pertenencia o falsas expectativas de movilidad social. Cuando una niña, niño o adolescente encuentra más oportunidades dentro de una estructura criminal que en las instituciones del Estado, estamos frente a una grave señal de alerta que obliga a revisar las políticas públicas dirigidas a la protección de las infancias.

Por último, la CNDH señala que a través del Programa de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Programa de Asuntos de las Personas Jóvenes y Mayores realiza constantemente actividades de capacitación, difusión y promoción de los derechos humanos de estos grupos en situación de vulnerabilidad a fin de prevenir afectaciones a su integridad y dignidad. 

Por Cristóbal López

Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica. Periodista con tres décadas de experiencia editorial. Cronista de la Ciudad de México.Especialista en comunicación estratégica con experiencia en relaciones públicas, dirección editorial, gestión institucional y atención a medios.Líder de iniciativas que consolidan la imagen y reputación de instituciones, organizaciones y proyectos culturales, posicionándolos como referentes ante la opinión pública.

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