El 6.5% de los hogares reportó problemas para conseguir alimentos: la EIC 2025 muestra un país partido por territorio

La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), levantada entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025 en viviendas de todo el país, identificó que 6.5% de los hogares mexicanos experimentó durante los tres meses previos alguna dificultad para acceder a alimentos por falta de dinero o recursos. El dato, publicado el 22 de septiembre de 2026 junto con los resultados de la encuesta, equivale a cerca de 2.59 millones de hogares, de acuerdo con el reporte de La Jornada. La mayor proporción se observó en Tabasco, con 15.32%; le siguieron Oaxaca, con 10.13%, y Campeche, con 9.94%.

El promedio nacional importa, pero no alcanza para describir el problema. La distancia entre Tabasco y el registro nacional es de casi nueve puntos porcentuales, mientras que Oaxaca y Campeche también se ubican claramente por encima del resultado general. Esa diferencia convierte a la EIC 2025 en algo más que una nueva cifra social: ofrece una base para preguntar dónde se concentra la presión sobre los hogares y qué tipo de respuesta puede ser eficaz en cada territorio.

En breve

• 6.5% de los hogares reportó que al menos uno de sus integrantes se quedó sin acceso a alimentos por falta de dinero o recursos.
• Tabasco, Oaxaca y Campeche registraron las proporciones estatales más altas entre los datos difundidos hasta ahora.
• La información debe leerse junto con ingresos, ruralidad, presencia de menores y condiciones locales de abasto; el promedio nacional no muestra por sí solo esas diferencias.

Qué está midiendo la EIC 2025

La EIC 2025 incluyó cinco preguntas sobre alimentación dentro de un cuestionario de 101 preguntas. El INEGI explica que la encuesta permite obtener estimaciones para el país, las 32 entidades federativas, los municipios y, en determinados casos, localidades de 50 mil habitantes o más. La institución también señala que la información fue diseñada para apoyar la planeación y la focalización de políticas públicas.

La medición no consiste en contar calorías ni en revisar directamente la despensa de cada vivienda. Captura experiencias declaradas por los hogares relacionadas con la falta de dinero o recursos: reducción de la variedad de la dieta, menor cantidad de comida, omisión de comidas y episodios de hambre. Por ello, el 6.5% debe entenderse como una señal de restricción en el acceso económico a los alimentos, no como una medición completa de la calidad nutricional o del consumo efectivo de cada persona.

El enfoque tiene un antecedente metodológico en la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria utilizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El CONEVAL distingue entre hogares integrados sólo por personas adultas y aquellos donde viven menores de edad, porque las preguntas y los umbrales cambian según la composición familiar. También diferencia entre inseguridad leve, moderada y severa. En consecuencia, el porcentaje difundido a partir de la EIC debe analizarse con cuidado y no confundirse automáticamente con la carencia oficial de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad utilizada en la medición multidimensional de la pobreza.

El promedio nacional oculta la geografía de la carencia

Los resultados estatales sugieren que la inseguridad alimentaria no se distribuye de manera homogénea. Tabasco registró una proporción de hogares afectados más del doble de la nacional, mientras que Oaxaca y Campeche también superaron con amplitud el promedio del país. La concentración en entidades del sureste no permite atribuir el fenómeno a una sola causa, pero sí marca territorios donde conviene revisar de manera diferenciada los ingresos, las distancias a los mercados, la infraestructura de transporte, la producción local y la cobertura de los programas sociales.

La propia información difundida por La Jornada muestra que las consecuencias son distintas según el tipo de hogar. En los hogares con menores de edad que reportaron limitaciones, 55.4% señaló una alimentación basada en poca variedad; 37.73% indicó que algún niño o adolescente comió menos de lo que debía, y 36.91% reportó que a un menor se le sirvió menos comida. En los hogares con personas adultas, 31% declaró que alguien sintió hambre pero no comió, mientras que 27.9% señaló que una persona comió sólo una vez al día o dejó de comer durante 24 horas.

Estos datos no describen únicamente una reducción temporal del gasto. También muestran cómo los hogares distribuyen la escasez: se sustituye variedad por alimentos más baratos, se reducen porciones o se omiten comidas. Cuando hay niñas, niños o adolescentes, la presión puede trasladarse directamente a su dieta y afectar su desarrollo, su desempeño escolar y su salud. Esa lectura vuelve insuficiente una política basada únicamente en transferencias generales o en acciones de emergencia.

La ruralidad es una hipótesis que debe comprobarse con el desglose municipal

Es razonable investigar si las mayores proporciones estatales están asociadas con una mayor presencia de localidades rurales, población indígena, empleos informales o dificultades de conectividad. Sin embargo, los datos estatales por sí solos no prueban una relación causal. La EIC 2025 permite avanzar precisamente porque ofrece desagregaciones territoriales que pueden revelar si la carencia se concentra en municipios rurales, periferias urbanas, zonas indígenas o regiones con mercados poco accesibles.

El siguiente paso debería ser cruzar los resultados de alimentación con las variables de la propia encuesta: tamaño de localidad, composición del hogar, edad, escolaridad, características económicas, lengua indígena y condiciones de vivienda. También será necesario contrastarlos con información sobre precios, ingresos laborales, disponibilidad de agua, sequía y transporte. De otro modo, existe el riesgo de etiquetar a todo un estado como vulnerable sin identificar los municipios y comunidades donde la intervención tendría mayor impacto.

Qué debería cambiar en la política pública

La publicación de la EIC 2025 abre una agenda concreta. Primero, los gobiernos federal y estatales deberían publicar mapas comparables por municipio, tamaño de localidad y tipo de hogar. Un porcentaje estatal es útil para comparar entidades, pero no basta para decidir dónde instalar comedores, fortalecer el abasto o ampliar apoyos para la infancia.

Segundo, los programas alimentarios tendrían que demostrar su cobertura territorial y no sólo reportar el número total de personas atendidas. La pregunta relevante es si llegan a los hogares con menores que reducen porciones, a comunidades alejadas de los mercados y a localidades donde una mala cosecha o una interrupción del transporte puede elevar rápidamente los precios.

Tercero, la respuesta no puede depender exclusivamente de repartir alimentos. Las transferencias de ingreso, el empleo con remuneraciones suficientes, el apoyo a la producción local, la infraestructura de almacenamiento y la disponibilidad de agua forman parte de la misma ecuación. Si la causa inmediata es la falta de recursos, pero el territorio también enfrenta mercados débiles o sequía, una intervención aislada corre el riesgo de atender el síntoma sin reducir la vulnerabilidad.

La información también plantea una exigencia para la evaluación presupuestaria. Si Tabasco, Oaxaca y Campeche presentan porcentajes superiores al promedio, los gobiernos deberían explicar qué programas operan en los municipios más afectados, cuántos hogares cubren, con qué periodicidad y qué resultados han obtenido. Sin esa trazabilidad, el nuevo dato intercensal podría convertirse en una estadística de diagnóstico sin consecuencias sobre la asignación del gasto.

Una cifra que exige más precisión, no sólo más alarma

El 6.5% nacional es relevante porque confirma que millones de hogares enfrentan restricciones para acceder a los alimentos. Pero su mayor valor está en mostrar que el problema cambia de intensidad y de forma según el lugar y la composición familiar. La inseguridad alimentaria en México no debe presentarse como una condición uniforme ni como un asunto que se resuelve con una sola política.

La EIC 2025 ofrece el punto de partida para construir una respuesta territorial: identificar los municipios con mayor presión, distinguir entre hogares con y sin menores, observar las diferencias entre áreas urbanas y rurales y vincular la carencia con ingresos y acceso físico a los alimentos. El reto para las autoridades será pasar de la publicación del dato a una intervención verificable, con prioridades públicas alineadas con los territorios donde comer menos, comer peor o dejar de comer se volvió parte de la vida cotidiana.

Fuentes consultadas

• INEGI, Encuesta Intercensal 2025. Información sobre objetivo, cobertura, periodo de levantamiento, variables de alimentación y desagregación geográfica.
• La Jornada, “En 6 de cada 100 hogares, inseguridad alimentaria”, 27 de septiembre de 2026. Datos nacionales, estatales y por composición del hogar.
• CONEVAL, Indicadores de carencia social: acceso a la alimentación. Definiciones y criterios de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria.