Durante la Feria Nacional Forestal 2026, realizada el 4 y 5 de septiembre en Zapopan, Jalisco, autoridades federales y estatales presentaron el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares como una agenda para conservar y restaurar ecosistemas, fortalecer la silvicultura comunitaria, combatir la tala ilegal y conectar la protección ambiental con actividades productivas. El encuentro reunió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal, el Gobierno de Jalisco, ejidos, comunidades, empresas, academia y organizaciones sociales.El planteamiento importa porque intenta corregir una separación histórica: por un lado, la política de conservación; por otro, la producción rural, la industria maderera, el turismo de naturaleza y la agricultura. El acuerdo reconoce que los bosques no son únicamente superficies que deben protegerse, sino territorios habitados y administrados en buena medida por comunidades que necesitan ingresos, infraestructura, asistencia técnica y acceso a mercados legales.El pacto ya tiene una arquitectura, pero no equivale todavía a una política ejecutadaEl documento del Acuerdo Nacional establece diez líneas de acción: conservar y restaurar bosques y selvas; proteger manglares; promover producción libre de deforestación; fortalecer la silvicultura comunitaria; apoyar empresas forestales de mujeres; construir cadenas de valor sostenibles; ampliar el pago por servicios ambientales; reforzar el manejo del fuego; combatir la tala ilegal y simplificar trámites forestales y agrarios.También define una responsabilidad concreta: la Semarnat, con participación de la Conafor y representantes de gobiernos, comunidades, universidades y sectores productivos, deberá integrar un comité de seguimiento. La Conafor tendría que presentar un informe mensual pormenorizado. Esa obligación puede convertirse en el principal mecanismo para saber si el pacto modifica la realidad o permanece como una declaración de principios.Sin embargo, el propio acuerdo contiene una restricción que suele quedar fuera de los anuncios públicos: las erogaciones deberán cubrirse con el presupuesto aprobado para los ejecutores del gasto y no se prevén recursos adicionales para el ejercicio en curso ni para los subsecuentes. En términos prácticos, el pacto organiza prioridades y responsabilidades, pero no crea por sí mismo una nueva bolsa nacional de financiamiento.Jalisco ofrece el primer laboratorio territorialEn la feria, el gobernador Pablo Lemus propuso que Jalisco sea la primera entidad en adherirse al acuerdo. El gobierno estatal informó que destinará, junto con la Conafor, 30 millones de pesos para apoyar acciones de protección de ecosistemas estratégicos en ejidos y comunidades: 15 millones de pesos provendrían del estado y una cantidad equivalente de la comisión federal.La entidad también anunció una meta de 250 mil plantas durante 2026, cifra presentada como un aumento de 54.6 por ciento frente al año anterior. Además, Jalisco reportó un esquema de pago por servicios ambientales que beneficia a 32 grupos agrarios y comunidades de 22 municipios, con acciones de conservación en más de 14 mil 900 hectáreas.Estos datos permiten observar una diferencia importante entre una adhesión política y una implementación operativa. La bolsa de 30 millones de pesos, la meta de plantas y el pago por servicios ambientales son compromisos localizados, con un territorio y beneficiarios identificables. El reto siguiente será publicar qué comunidades recibirán los recursos, qué superficie será intervenida, qué especies se utilizarán, cómo se verificará la supervivencia de las plantas y qué resultados se obtendrán en agua, suelo, biodiversidad y prevención de incendios.La reforestación, por sí sola, no debería ser el indicador principal. Plantar árboles no garantiza restaurar un ecosistema si las especies no corresponden al sitio, si no existe mantenimiento o si continúan las presiones por cambio de uso de suelo. Para una política forestal productiva, los indicadores tendrían que incluir hectáreas con manejo aprobado, volumen comercializado con trazabilidad, ingresos comunitarios, empleos, reducción de incendios, superficie conservada y supervivencia de las plantaciones después de varios años.La comunidad será el punto de pruebaEl acuerdo parte de una realidad estructural: la vegetación forestal mexicana se encuentra mayoritariamente en manos de ejidos, comunidades y pueblos indígenas. El documento oficial identifica 16 mil 953 núcleos agrarios y comunidades vinculados con estos territorios, donde viven alrededor de 11.9 millones de personas. También señala que cerca de 30 por ciento de quienes habitan en zonas forestales son indígenas o afromexicanos.Por eso, la silvicultura comunitaria no puede reducirse a convocatorias de reforestación. Requiere asistencia para elaborar programas de manejo, caminos y patios de almacenamiento, transformación local, certificación, comercialización y acceso a crédito. También exige que la simplificación de trámites no debilite la vigilancia ni la consulta comunitaria. Reducir costos y tiempos puede ayudar a los pequeños productores, pero la legalidad debe seguir siendo comprobable en cada eslabón de la cadena.La incorporación de empresas forestales dirigidas por mujeres es otro componente con potencial, aunque necesitará metas específicas. No basta con mencionar la igualdad económica: sería necesario conocer cuántos proyectos recibirán apoyo, qué monto obtendrán, qué sectores abarcarán y si tendrán acceso real a mercados, capacitación y propiedad de los activos productivos.El vínculo con agricultura, turismo y aguaEl alcance del pacto rebasa a la industria maderera. El documento reconoce que los cambios de uso de suelo para actividades agrícolas y ganaderas están entre las principales causas de pérdida de bosques y selvas. Por ello, la promesa de impulsar producción libre de deforestación tendrá que traducirse en coordinación con el sector agropecuario, especialmente en regiones donde la expansión de cultivos, la ganadería o la infraestructura presiona zonas forestales.En Jalisco, esta discusión es especialmente relevante para cadenas como el aguacate, el agave y la ganadería. La política forestal no podrá limitarse a sancionar desmontes después de que ocurran; deberá ofrecer alternativas productivas, ordenamiento territorial, trazabilidad y estímulos para conservar corredores, recargar acuíferos y proteger suelos.El turismo de naturaleza también aparece como una oportunidad, pero no como una solución automática. Los proyectos ecoturísticos pueden generar ingresos para las comunidades si cuentan con reglas de capacidad de carga, manejo de residuos, protección de fuentes de agua y distribución transparente de beneficios. Sin esos controles, pueden reproducir la presión inmobiliaria y de infraestructura que ya afecta a ecosistemas costeros y forestales.El acuerdo subraya además que los ecosistemas forestales sostienen el abasto de agua y la operación de presas hidroeléctricas. Esto vuelve estratégico el pago por servicios ambientales: las ciudades, industrias y usuarios agrícolas que dependen de las cuencas deberían contribuir de manera más estable a su conservación, en lugar de depender únicamente de presupuestos anuales o campañas de reforestación.En breveQué se anunció: una agenda nacional de diez acciones para conservación, restauración, producción sustentable, silvicultura comunitaria, combate a la tala ilegal y cadenas de valor legales.Qué recursos están identificados: en Jalisco se reportó una bolsa conjunta de 30 millones de pesos y una meta estatal de 250 mil plantas para 2026.Qué falta comprobar: la publicación de convenios, responsables territoriales, indicadores de supervivencia y conservación, informes mensuales y mecanismos de participación comunitaria.La pregunta pendiente: quién responderá por los resultadosLa Feria Nacional Forestal puso en el mismo espacio a comunidades, empresas, gobiernos y compradores. Esa conexión puede ser valiosa si convierte la conservación en una actividad con ingresos legales y duraderos. Pero también puede quedarse en una vitrina si no se resuelven los obstáculos que frenan al sector: trámites lentos, financiamiento insuficiente, falta de transformación local, inseguridad, tala ilegal y débil coordinación entre dependencias.El Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares tendrá que demostrar que la política ambiental puede producir beneficios sin degradar el territorio. Para ello, la primera señal no será una nueva ceremonia, sino la disponibilidad de información: convenios firmados, presupuesto ejercido, comunidades participantes, superficie atendida, resultados productivos y reportes mensuales accesibles.Jalisco puede convertirse en un primer caso de evaluación. Si sus recursos se traducen en bosques restaurados, comunidades con mayores ingresos, cadenas legales y cuencas mejor protegidas, el pacto tendrá una base para escalar. Si las metas se reducen a plantas entregadas o anuncios presupuestales sin seguimiento, el acuerdo confirmará una de las contradicciones más persistentes de la política forestal mexicana: reconocer el valor económico y social de los bosques sin crear las condiciones para que quienes los cuidan puedan vivir dignamente de su manejo.Fuentes consultadasAcuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares, documento publicado en la plataforma de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.Comisión Nacional Forestal, convocatoria y descripción de la Feria Nacional Forestal 2026, 27 de agosto de 2026.Metrópoli Jalisco, cobertura de la inauguración y anuncios del Gobierno de Jalisco, 5 de septiembre de 2026.Comisión Nacional Forestal, presentación del Programa Nacional Forestal 2026-2030, 19 de mayo de 2026. 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