La Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas cedió en abril de 2025 alrededor de 36 hectáreas de superficie marítima en Bahía Catalina a Amigo LNG para construir y operar una terminal de gas natural licuado, mientras la ASEA confirmó el 24 de septiembre de 2026 que la autorización ambiental del proyecto fue emitida el 13 de abril y notificada al promovente un día después. La operación se ubica al sur de Guaymas, Sonora, y permanece vinculada con el juicio de amparo 352/2026, en el que la autorización fue incorporada posteriormente para revisión judicial.La noticia importa porque tres decisiones distintas suelen presentarse como si fueran una sola: la disponibilidad jurídica de una superficie portuaria, el permiso ambiental y la posibilidad efectiva de iniciar obras. En el caso de Amigo LNG, cada plano tiene una fecha, una autoridad y un grado de certeza diferentes.Una cesión directa sobre superficie marítimaLa documentación obtenida mediante transparencia y revisada por medios de comunicación muestra que la Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, entidad sectorizada a la Secretaría de Marina, celebró un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones con Amigo LNG. El acuerdo permite el uso, goce y aprovechamiento de una superficie marítima de aproximadamente 36 hectáreas en Bahía Catalina.El contrato fue otorgado mediante adjudicación directa, sin una licitación pública. La justificación reportada es que la empresa cuenta con un predio colindante con la Zona Federal Marítimo Terrestre y requería acreditar la relación jurídica con el área marítima para desarrollar la infraestructura.El acuerdo tiene una vigencia inicial de 18 años, con posibilidad de prórroga. También contempla pagos vinculados con el valor de la superficie y con el volumen de gas licuado procesado o movilizado. Sin embargo, disponer de ese espacio no sustituye los permisos ambientales ni autoriza por sí mismo la construcción.El contrato establece que las obras no pueden comenzar si la empresa no obtiene las aprobaciones ambientales correspondientes. Esa cláusula es relevante porque muestra que la cesión portuaria fue una pieza habilitante del proyecto, pero no su autorización integral.Qué autorizó exactamente la ASEALa Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente informó que la evaluación comenzó con una solicitud presentada el 26 de noviembre de 2025. La Manifestación de Impacto Ambiental y el Estudio de Riesgo Ambiental fueron puestos a disposición del público después de una solicitud ciudadana, y la consulta se desarrolló del 13 de febrero al 13 de marzo de 2026.Durante ese periodo se registraron 4 mil 804 promociones electrónicas. La cifra no demuestra por sí misma que todas las observaciones hayan sido aceptadas, pero sí indica que el proyecto generó una participación pública considerable y que la autoridad tuvo que incorporar ese material a su evaluación.La autorización ambiental emitida el 13 de abril de 2026 no fue incondicional. Entre las medidas comunicadas por la ASEA se encuentran la prohibición de realizar obras de construcción en la zona marina entre diciembre y abril, un límite de 60 arribos de buques metaneros por año y programas de monitoreo para evaluar los efectos del ruido sobre mamíferos marinos.El resolutivo también exige seguimiento de tortugas, delfines, tiburones y rayas, además de un programa para vigilar el estado de conservación de islas y áreas protegidas del Golfo de California. La empresa debe presentar asimismo un programa de compensación para proteger la biodiversidad insular, el cual tendría que ser aprobado antes de ejecutar obras o actividades del proyecto.Estas condiciones cambian la lectura del permiso. La autorización ambiental no significa que la autoridad haya considerado irrelevantes los riesgos, sino que permitió el proyecto bajo obligaciones específicas de prevención, vigilancia y compensación. El punto de conflicto es si esas obligaciones son suficientes, verificables y compatibles con la escala de la terminal.El amparo: la fecha de emisión es el centro de la disputaDos asociaciones civiles promovieron el 4 de marzo de 2026 un juicio relacionado con aspectos de la consulta pública. El juzgado admitió la demanda el 13 de mayo. Después, el 25 de mayo se concedió una suspensión provisional y el 27 de mayo una suspensión definitiva para que las autoridades responsables se abstuvieran de emitir una resolución sobre la evaluación ambiental.La ASEA sostiene que la autorización ya había sido emitida el 13 de abril y notificada el 14, antes de esas suspensiones. Por esa razón, la agencia considera que la orden de abstenerse de emitir el permiso no podía aplicarse retroactivamente a un acto que ya se había realizado.La controversia no terminó ahí. De acuerdo con la propia ASEA, la autorización no formaba parte de la demanda inicial y fue incorporada mediante una tercera ampliación, notificada a la agencia el 4 de septiembre de 2026. Eso significa que el Poder Judicial todavía debe resolver si el procedimiento de consulta y la autorización cumplen con las obligaciones legales impugnadas.La distinción es clave: que el permiso haya sido emitido antes de la suspensión no impide que su validez sea revisada. Mientras el juicio siga abierto, la autorización ambiental debe entenderse como un acto administrativo sujeto al control judicial, no como una garantía de que la obra pueda avanzar sin restricciones.La promesa energética y la pregunta pendienteAmigo LNG se presenta como una infraestructura para recibir gas natural estadounidense, licuarlo en Sonora y enviarlo por barco hacia mercados de Asia-Pacífico y otros destinos. El Departamento de Energía de Estados Unidos autorizó a Epcilon LNG, empresa vinculada con el proyecto, a exportar gas estadounidense a México y reexportarlo como GNL desde una instalación proyectada en Sonora.La autorización estadounidense contempla un volumen equivalente de hasta 1.083 mil millones de pies cúbicos diarios, cifra asociada con una capacidad potencial de 7.8 millones de toneladas anuales. La página del proyecto también promociona una terminal de gran escala, con almacenamiento de GNL y muelles para buques metaneros.El contraste que debe seguirse no es únicamente entre inversión y protección ambiental. También es necesario comparar la capacidad anunciada con la infraestructura realmente autorizada, los contratos de suministro y venta, las obras terrestres y marítimas pendientes y el cumplimiento de las condiciones ambientales.El propio Departamento de Energía mantiene el proyecto como pendiente de decisión final de inversión. Esa clasificación ayuda a separar la promoción comercial de la ejecución material: una terminal puede contar con autorizaciones energéticas, contratos preliminares o derechos sobre una superficie y, aun así, no haber alcanzado la etapa de construcción ni la decisión financiera definitiva.En breveLa cesión: ASIPONA Guaymas otorgó en abril de 2025 derechos sobre unas 36 hectáreas marítimas en Bahía Catalina mediante adjudicación directa y por un plazo inicial de 18 años.El permiso ambiental: ASEA lo emitió el 13 de abril de 2026, con límites para las obras marinas, los arribos de buques y el monitoreo de especies y áreas protegidas.El litigio: la autorización fue incorporada al juicio de amparo después de su emisión y su validez, así como el procedimiento de participación ciudadana, continúan bajo revisión judicial.Qué debe vigilarse a partir de ahoraLa siguiente etapa no se reduce a esperar una sentencia. También será necesario verificar si la empresa entrega a tiempo los programas de conservación y compensación, cómo se medirá el impacto acústico de los buques, qué autoridad supervisará los límites de operación y si las condiciones pueden hacerse cumplir antes de que una obra produzca efectos irreversibles.En paralelo, el caso abre una discusión sobre la forma en que el Estado mexicano entrega superficies estratégicas para proyectos privados. La adjudicación directa puede tener una explicación jurídica, pero requiere transparencia suficiente sobre los criterios utilizados, los pagos, las obligaciones de la empresa y las consecuencias si el proyecto no obtiene todos los permisos o no alcanza su decisión final de inversión.Por ahora, Amigo LNG tiene una cesión portuaria, una autorización ambiental condicionada y un proyecto energético con respaldo regulatorio en Estados Unidos. Lo que todavía no tiene es una resolución judicial definitiva que cierre la discusión sobre la consulta pública ni una confirmación de que todas las etapas necesarias para construir y operar la terminal estén fuera de controversia.Fuentes consultadasASEA, comunicado sobre la autorización ambiental del proyecto LNG Amigo, 24 de septiembre de 2026.El País México, investigación sobre la cesión de superficie marítima en Guaymas, 29 de septiembre de 2026.Departamento de Energía de Estados Unidos, información de contratos y autorizaciones de Epcilon LNG.Departamento de Energía de Estados Unidos, Order No. 4629 sobre exportación y reexportación de gas asociado con AMIGO LNG.AMIGO LNG, información pública del proyecto y su capacidad anunciada. Navegación de entradas¿Qué pasa si ya no podemos escribir sobre figuras públicas? El caso Gloria Trevi abre debate sobre libertad de expresión Exportaciones estatales de México 2026: el auge nacional depende de un corredor electrónico