México licita 60 MHz para redes inteligentes: el reto será evitar una conectividad industrial concentrada

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicó el 7 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria y las bases de la licitación CRT-RRI-01-2026, un proceso nacional para concesionar durante 10 años segmentos de la banda de 2.3 GHz destinados a redes de radiocomunicaciones inteligentes. El esquema contempla hasta 60 MHz distribuidos en tres bloques de 20 MHz para 72 regiones industriales, además de bloques por polígono, con aplicaciones potenciales en fábricas, centros logísticos, minas, puertos, aeropuertos, complejos energéticos y agroindustria.

La decisión importa porque México no está poniendo en subasta otra porción de espectro pensada principalmente para ampliar la telefonía celular masiva. Está creando un mercado específico para redes privadas o especializadas, capaces de conectar sensores, robots, cámaras, vehículos autónomos, sistemas de control y herramientas de analítica en tiempo real dentro de instalaciones productivas. La diferencia parece técnica, pero puede modificar quién controla la conectividad de las plantas y qué regiones tienen condiciones para adoptar tecnologías de automatización.

En breve

• La licitación ofrece 60 MHz en la banda de 2.3 GHz, en tres bloques de 20 MHz y con vigencia de 10 años, con posibilidad de prórroga.
• La primera fase contempla 216 bloques: tres por cada una de las 72 regiones industriales. También podrán proponerse polígonos específicos, sujetos a factibilidad técnica.
• El proceso busca abrir espacio a nuevos proveedores, pero los costos de despliegue, la capacidad financiera y la concentración de integradores serán factores decisivos.

Qué se está licitando y cómo cambió el diseño

Las bases definitivas modificaron de manera relevante el proyecto que la CRT había llevado a consulta pública en junio. La propuesta inicial contemplaba 40 MHz en bloques de 10 MHz; después de la consulta, el regulador elevó la disponibilidad a 60 MHz y fijó bloques de 20 MHz. La justificación es que varias aplicaciones industriales requieren mayor capacidad para video, monitoreo, robótica, control remoto y transmisión simultánea de datos.

La distribución se realizará en la banda de 2,300 a 2,400 MHz. En la primera fase habrá tres bloques por región industrial: 2,340-2,360 MHz, 2,360-2,380 MHz y 2,380-2,400 MHz. El modelo regional suma 72 zonas, cuatro más que las previstas inicialmente, porque las regiones de mayor tamaño fueron subdivididas. La CRT sostiene que esa fragmentación puede reducir costos y facilitar la participación de empresas que no podrían asumir una cobertura territorial demasiado amplia.

El segundo componente son los bloques por polígono. En lugar de obligar a un participante a cubrir una región completa, el mecanismo permite solicitar capacidad en una zona delimitada para un proyecto concreto. Pueden incluirse polígonos vinculados con los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar o áreas propuestas por los interesados que reciban un dictamen técnico favorable. Además, se eliminó el límite de 200 kilómetros cuadrados para el tamaño de los polígonos.

Quiénes podrían competir

La convocatoria exige que los interesados acrediten capacidades jurídicas, administrativas, técnicas y económicas. La manifestación de interés se realizará mediante la plataforma digital de la CRT y, después, el regulador emitirá un dictamen de capacidades antes de otorgar la constancia que permite participar en la etapa de ofertas.

El universo potencial no se limita a los operadores tradicionales de telefonía. Podrían participar empresas de telecomunicaciones, integradores de tecnología, proveedores de redes privadas, compañías con experiencia en automatización industrial y grupos que desarrollen soluciones para sectores específicos. La posibilidad de plantear coberturas por polígono también puede ser relevante para empresas que atienden una mina, un puerto, un parque industrial o un corredor logístico sin necesidad de construir una red nacional.

La regulación permite además la participación de capital extranjero mediante consorcios, aunque el título de concesión deberá otorgarse a una persona física o moral mexicana que cumpla con las disposiciones aplicables. Esto abre la puerta a alianzas entre empresas mexicanas, fabricantes internacionales e integradores especializados, pero también plantea una pregunta sobre el control efectivo de la infraestructura y de los datos que circularán por esas redes.

La oportunidad para la industria no es automática

Una red privada puede dar a una planta mayor control sobre la latencia, la seguridad, la disponibilidad y la administración de sus comunicaciones que una conexión pública convencional. En una fábrica, por ejemplo, podría coordinar robots y sensores; en una mina, permitir monitoreo remoto y comunicación de vehículos; en un puerto, ordenar flujos de carga y vigilar patios; en un complejo energético, supervisar activos distribuidos.

Sin embargo, adquirir espectro no equivale a tener una red operativa. Los concesionarios deberán financiar estaciones, antenas, equipos compatibles, enlaces de transporte, sistemas de seguridad y personal especializado. También necesitarán clientes dispuestos a pagar por una solución integral. Para muchas pequeñas y medianas empresas, el costo de contratar una red privada puede ser una barrera mayor que el acceso formal a la frecuencia.

La banda de 2.3 GHz ofrece un equilibrio entre cobertura y capacidad, de acuerdo con la CRT, y cuenta con un ecosistema tecnológico desarrollado para LTE y 5G. Aun así, el despliegue dependerá de la geografía. Una red en un parque industrial densamente concentrado no enfrenta las mismas condiciones que una operación minera extensa o una cadena agroindustrial dispersa. La flexibilidad de los polígonos puede ayudar, pero no elimina los costos de infraestructura ni los permisos locales.

El riesgo que debe vigilarse: concentración con apariencia de apertura

Las bases incluyen límites de acumulación de espectro y buscan impedir que los operadores móviles establecidos absorban la mayor parte del recurso. La Comisión Nacional Antimonopolio consideró que esas medidas pueden favorecer la entrada de nuevos oferentes. También se limitó a una manifestación de interés por grupo de interés económico y se reforzaron reglas para evitar coordinación de posturas entre participantes.

El punto crítico será observar si esas salvaguardas funcionan más allá de la subasta. Aunque varios actores obtengan frecuencias, el mercado podría concentrarse posteriormente en pocos integradores capaces de financiar el despliegue, adquirir equipos y cerrar contratos con grandes corporativos. En ese escenario, habría pluralidad formal de concesionarios, pero poca competencia real para las industrias usuarias.

También será importante conocer los valores mínimos de referencia y las condiciones económicas finales. La CRT afirma que la metodología reconoce que se trata de un servicio nuevo y que existen diferencias entre regiones industriales. Si los costos iniciales son demasiado altos, podrían desalentar a empresas medianas; si son demasiado bajos sin obligaciones claras de despliegue, el Estado podría entregar un recurso escaso sin garantizar beneficios productivos o regionales.

La brecha regional seguirá siendo una prueba

El propio acuerdo reconoce una fuerte concentración de la producción manufacturera en entidades como Nuevo León, Estado de México, Guanajuato y Coahuila, mientras otros estados tienen menor peso industrial. El diseño por regiones y polígonos puede permitir que la demanda defina proyectos concretos, pero también puede reforzar la tendencia a invertir sólo donde ya existen clientes solventes.

Por eso, el éxito de la licitación no debería medirse únicamente por el monto recaudado ni por el número de concesiones adjudicadas. Será necesario revisar cuántas redes se despliegan, cuántos municipios reciben cobertura, qué sectores productivos las utilizan, cuánto pagan las empresas usuarias y si aparecen proveedores independientes en regiones fuera de los principales corredores manufactureros.

La CRT incorporó la posibilidad de diferir hasta un año el otorgamiento del título para que los ganadores realicen estudios, pruebas, trámites y despliegues iniciales. Esa flexibilidad puede ayudar a construir modelos de negocio realistas, aunque también hará más relevante la supervisión de los calendarios y de los compromisos de operación.

Qué sigue para la licitación

Los interesados deberán manifestar su interés, cubrir los derechos correspondientes y entregar la documentación requerida. La evaluación de capacidades antecederá a la constancia de participación y a las ofertas. La primera fase adjudicará bloques regionales; la segunda sólo se activará cuando exista espectro remanente y participantes habilitados para adquirir bloques por polígono.

El proceso será una prueba para el nuevo modelo digital de licitaciones de la CRT. La plataforma concentrará expedientes, actuaciones y etapas del procedimiento, y la autoridad prevé publicar información sobre ofertas ganadoras, lotes obtenidos y montos. Esa trazabilidad será indispensable para evaluar si el diseño cumplió su objetivo de ampliar la concurrencia.

La licitación espectro redes inteligentes México 2026 puede convertirse en una pieza de la política industrial digital, pero no resolverá por sí sola la productividad ni la brecha tecnológica. Su resultado dependerá de que el espectro llegue a operaciones reales, de que los costos sean sostenibles y de que la competencia sobreviva después de la adjudicación. El desafío, en suma, no es sólo repartir frecuencias: es evitar que la conectividad avanzada quede reservada para las empresas y regiones con mayor capacidad de pago.

Fuentes consultadas

• Diario Oficial de la Federación, convocatoria y bases de la Licitación CRT-RRI-01-2026, 7 de octubre de 2026.
• Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, consulta pública sobre las bases de la licitación, publicada el 17 de junio de 2026.
• El Economista, antecedentes sobre el proyecto, el marco de licitaciones y la participación de capital extranjero, 5 de octubre de 2026.