El Gobierno federal propondrá en el Paquete Económico 2027 mecanismos para dar seguimiento digital al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de las gasolinas y el diésel desde su importación hasta la distribución y venta en las estaciones de servicio. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó la medida el 3 de septiembre de 2026, mientras que la entrega formal del paquete al Congreso está prevista para el 8 de septiembre en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México. El diseño normativo y operativo todavía no se ha presentado públicamente.La propuesta pretende combatir el llamado huachicol fiscal: operaciones en las que combustibles importados, transportados o comercializados pueden quedar fuera del pago correcto de impuestos mediante declaraciones falsas, documentación irregular o subvaluación. La presidenta explicó que el objetivo no es crear un impuesto adicional, sino permitir que el gravamen pagado en la importación pueda relacionarse con las etapas posteriores de la cadena.La diferencia es relevante. Una cosa es rastrear fiscalmente el impuesto y otra controlar físicamente el combustible. La primera tarea consiste en vincular documentos, volúmenes, permisos, facturas, pedimentos y operaciones comerciales para detectar inconsistencias. La segunda implicaría verificar físicamente el producto, su composición, el volumen transportado, los puntos de almacenamiento y las rutas utilizadas. El anuncio oficial se refiere, hasta ahora, a la primera dimensión.En breveEl Gobierno busca seguir el IEPS de gasolinas y diésel desde la importación hasta la venta final.La propuesta sería incluida en el Paquete Económico 2027, que debe entregarse al Congreso el 8 de septiembre de 2026.El efecto sobre gasolineras, distribuidores y precios dependerá de las obligaciones, sistemas y sanciones que se incorporen.Qué se conoce y qué sigue pendienteLa información disponible indica que el Servicio de Administración Tributaria trabaja en el diseño de los mecanismos de trazabilidad. Sin embargo, no se han dado a conocer el texto de la iniciativa, los campos de información que deberán reportarse ni el calendario para que los contribuyentes adapten sus sistemas.Esas definiciones determinarán si la medida se limita a cruzar información que ya existe o si impondrá nuevas cargas a los participantes del mercado. Entre los datos que potencialmente podrían relacionarse están el origen del combustible, el pedimento de importación, el pago del IEPS, los comprobantes fiscales, los permisos sectoriales, el transporte, el almacenamiento, la entrega a estaciones y el volumen vendido. Esta enumeración describe los puntos que deberán aclararse; no significa que todos formen parte ya del proyecto.México cuenta con obligaciones previas de información para distintos actores de la cadena energética. Las reglas fiscales vigentes contemplan, por ejemplo, reportes relacionados con beneficiarios de combustibles, estaciones autorizadas y proveedores de gasolina y diésel. El reto del nuevo esquema no sería únicamente recopilar más datos, sino hacer que las bases de distintas autoridades sean compatibles, oportunas y auditables.La trazabilidad será útil si permite detectar que una cantidad declarada en la importación no coincide con la distribuida, que un proveedor no tiene capacidad para respaldar el volumen facturado o que una estación vende producto cuyo origen fiscal no puede acreditarse. También tendría que distinguir entre una inconsistencia administrativa, un error de captura y una operación deliberadamente diseñada para evadir impuestos. Sin reglas claras, el sistema podría producir alertas, pero no necesariamente investigaciones sólidas.El punto crítico: no confundir recaudación con control físicoEl anuncio oficial ha sido presentado como una herramienta contra el contrabando de combustibles, pero un registro fiscal por sí solo no impide que el producto se desvíe, se mezcle o se almacene de manera clandestina. Para tener efectos sobre el contrabando, la trazabilidad tendría que conectarse con inspecciones aduaneras, vigilancia de ductos y carreteras, controles en terminales de almacenamiento, verificaciones de calidad y acciones penales.En otras palabras, el sistema puede ayudar a identificar dónde se rompe la cadena documental, pero no sustituye la supervisión física ni la coordinación entre el SAT, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Secretaría de Energía, Aduanas, la Guardia Nacional y las fiscalías. La eficacia dependerá de que una alerta digital produzca una revisión y de que esa revisión tenga consecuencias cuando se confirme una irregularidad.También será importante saber si el Gobierno busca rastrear el impuesto únicamente en operaciones de importación o si pretende abarcar todo el mercado, incluido el combustible producido o comercializado por empresas nacionales. Una cobertura parcial podría dejar espacios para que las operaciones ilícitas se desplacen hacia segmentos menos vigilados.Impacto posible para gasolineras y distribuidoresPara las estaciones de servicio y los distribuidores formales, un mecanismo bien diseñado podría mejorar la competencia si reduce la ventaja de quienes venden combustible de origen irregular o evaden impuestos. El beneficio, sin embargo, no será automático. Las empresas necesitarán adaptar sistemas de facturación, inventarios, logística y conciliación de volúmenes.El costo regulatorio dependerá de si la autoridad utiliza información que los contribuyentes ya generan o exige nuevos reportes en tiempo real. También influirá la calidad de las plataformas digitales: fallas, duplicidades o retrasos podrían detener operaciones legítimas y trasladar costos a empresas que ya cumplen con permisos y obligaciones fiscales.El Congreso deberá revisar, además, si las sanciones son proporcionales y si existen procedimientos para corregir errores antes de imponer multas, clausuras o responsabilidades penales. Una trazabilidad que no contemple mecanismos de aclaración podría aumentar la litigiosidad y afectar a pequeños operadores con menor capacidad tecnológica.¿Subirá el precio de la gasolina?Con la información disponible no es posible concluir que la medida implique un aumento directo al precio de la gasolina o el diésel. El propio presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que una mayor trazabilidad no necesariamente se traduce en un incremento del precio.Eso no elimina la posibilidad de efectos indirectos. Si se reducen prácticas de evasión, algunos operadores podrían perder una ventaja basada en no pagar correctamente impuestos. Si aumentan los costos de cumplimiento, parte de ellos podría incorporarse a los márgenes de distribución. El resultado dependerá de la competencia, de los estímulos fiscales vigentes, de los precios internacionales y de la forma en que se aplique el IEPS.La pregunta central para los consumidores no será sólo cuánto recauda el Gobierno, sino si la medida logra reducir la competencia desleal sin convertirse en una cadena de trámites que encarezca la operación formal. Para responderla harán falta indicadores públicos: recaudación adicional, número de alertas, investigaciones iniciadas, sanciones confirmadas, litros regularizados y costos de cumplimiento.La fecha y el documento que deben revisarseLa fecha oficial de entrega es el 8 de septiembre de 2026, conforme al calendario de Hacienda y a la información difundida por el Canal del Congreso. Una nota publicada por La Jornada mencionó el 9 de septiembre, pero esa referencia no coincide con el plazo institucional señalado por la Secretaría de Hacienda ni con la información parlamentaria disponible al 5 de septiembre de 2026.Cuando el paquete sea entregado, la revisión deberá concentrarse en cuatro aspectos: las reformas legales concretas, las autoridades responsables, los datos obligatorios y el periodo de transición. También será necesario distinguir entre una modificación a la Ley del IEPS, cambios al Código Fiscal de la Federación, reglas administrativas del SAT y eventuales ajustes a normas del sector hidrocarburos.Por ahora, la trazabilidad es una promesa de control fiscal, no un sistema ya operativo. Su potencial para combatir el huachicol dependerá menos del nombre de la herramienta que de su capacidad para conectar datos, inspecciones y sanciones sin convertir el cumplimiento formal en una barrera para las empresas que sí operan dentro de la ley.Fuentes consultadasCanal del Congreso, “Detalla entrega del Paquete Económico 2027”, 4 de septiembre de 2026.La Jornada, “El fisco rastrearía huachicol por medio del IEPS”, 4 de septiembre de 2026.Secretaría de Hacienda, portal de Finanzas Públicas y calendario de entrega del Paquete Económico.SAT, Resolución Miscelánea Fiscal 2026.Secretaría de Hacienda, Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027. Navegación de entradasMéxico y España pactan cooperación digital, pero la ejecución queda pendiente La inversión fija repunta 5.9% en junio, pero el avance depende del gasto público