Comercios y actividad urbana en Culiacán durante la interinidad del gobierno de SinaloaLa administración interina enfrenta el reto de recuperar actividad económica y confianza empresarial en Sinaloa.

Culiacán, Sinaloa.— Graciela Domínguez Nava asumió el 25 de agosto de 2026 como gobernadora interina de Sinaloa, luego de que el Congreso estatal aprobó la licencia por tiempo indefinido solicitada por Rubén Rocha Moya, en un momento marcado por la caída de la actividad económica, la pérdida de empleos y el deterioro de la confianza empresarial. El Congreso informó que el nombramiento fue aprobado por 31 votos a favor y seis en contra, mientras que el Gobierno estatal colocó la paz, la seguridad, el diálogo con los sectores productivos y la reactivación económica entre las prioridades de la nueva administración. ([sinaloa.gob.mx](https://sinaloa.gob.mx/estaremos-trabajando-prioritariamente-por-la-paz-y-seguridad-de-los-sinaloenses-graciela-dominguez/))

El punto de partida es particularmente exigente. Un análisis publicado el 28 de agosto, con base en datos oficiales, reportó que la economía de Sinaloa cayó 4.5% anual durante el primer trimestre de 2026, el peor desempeño estatal señalado en esa medición. La misma cobertura documentó un aumento de 3.7% en la pobreza laboral durante el segundo trimestre y una pérdida de 32 mil empleos en julio, de acuerdo con información atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social. ([elpais.com](https://elpais.com/mexico/economia/2026-08-28/la-violencia-y-la-incertidumbre-politica-pasan-factura-a-la-economia-de-sinaloa.html))

La economía de Sinaloa 2026, por tanto, no puede analizarse únicamente como un problema de promoción de inversiones. La contracción combina factores productivos, laborales, de seguridad y de gobernabilidad. La interinidad tendrá poco más de un año para demostrar que el cambio de administración no se limita a sustituir a una figura política, sino que puede restablecer capacidades básicas de gobierno: coordinar dependencias, mantener pagos y programas, dar certidumbre a las empresas y atender las regiones donde el conflicto ya afecta la vida cotidiana.

La primera prueba será pasar de las prioridades a los indicadores

En su toma de protesta, Domínguez Nava planteó atender a víctimas, desplazamiento interno, retorno a comunidades, relación con los municipios, campo, pesca, ganadería, minería, empleo y bienestar social. El Congreso también consignó su compromiso de dialogar con sectores sociales y productivos. ([congresosinaloa.gob.mx](https://www.congresosinaloa.gob.mx/comunicados/nombra-congreso-de-sinaloa-a-graciela-dominguez-nava-como-gobernadora-interina/))

La amplitud de esa agenda puede ser una fortaleza, pero también un riesgo. Si cada sector se incorpora como una prioridad general, la administración podría terminar con una lista extensa de compromisos sin responsables, presupuesto ni fechas de cumplimiento. La salida sería publicar un tablero de seguimiento con metas trimestrales y datos desagregados por municipio.

Para la actividad económica estatal, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi permite observar el comportamiento de las actividades primarias, secundarias y terciarias, así como sus variaciones anuales y trimestrales. El propio instituto define este indicador como un adelanto del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa y lo presenta para las 32 entidades. ([inegi.org.mx](https://www.inegi.org.mx/programas/itaee/?utm_source=openai))

Con esa herramienta, el gobierno interino podría reportar si la recuperación proviene del campo, la industria, el comercio o los servicios, en lugar de presentar únicamente cifras agregadas. Esa distinción importa porque una mejora temporal en un sector no necesariamente significa que los hogares, las pequeñas empresas o los municipios más afectados estén recuperando ingresos.

Campo, pesca y comercio: tres sectores con impactos distintos

La agricultura tiene un peso estratégico en Sinaloa, pero su desempeño depende de factores que van más allá de la seguridad: disponibilidad de agua, costos de energía y fertilizantes, financiamiento, precios de garantía, logística y acceso a mercados. Una política de reactivación tendría que informar qué programas se mantienen, cuánto recurso se ha ejercido y cuántos productores han recibido apoyo, evitando confundir anuncios con resultados.

En la pesca y las comunidades costeras, el indicador relevante no sería sólo el volumen de captura. También deberían medirse el empleo temporal, el ingreso de las familias, las condiciones de las cooperativas, la vigilancia de vedas y la comercialización. Si la inseguridad reduce los horarios de operación o dificulta el traslado de mercancías, el problema alcanza tanto al productor como al consumidor.

El comercio enfrenta otra clase de presión. Los negocios pequeños son sensibles a extorsiones, cierres tempranos, menor circulación de clientes, interrupciones en rutas y aumento de costos. El análisis de El País citó a Coparmex en una exigencia de certeza jurídica y legalidad para sostener la inversión y la generación de empleos, además de una estimación empresarial de miles de cierres desde el recrudecimiento de la violencia. Esa cifra debe ser explicada con metodología, periodo y registro utilizado antes de convertirla en una medida definitiva del daño económico. ([elpais.com](https://elpais.com/mexico/economia/2026-08-28/la-violencia-y-la-incertidumbre-politica-pasan-factura-a-la-economia-de-sinaloa.html))

La confianza empresarial se recupera con reglas, no sólo con reuniones

El diálogo con cámaras empresariales puede ayudar a identificar obstáculos concretos, pero no sustituye la rendición de cuentas. Para que la confianza tenga una base verificable, la administración interina tendría que aclarar cómo funcionarán las ventanillas de trámites, qué mecanismos existen para denunciar cobros ilegales, cuál será la coordinación con fiscalías y municipios y cómo se protegerá a quienes mantengan operaciones en zonas de riesgo.

También será necesario revisar la ejecución presupuestaria. En una etapa de transición política, el gasto público puede convertirse en una señal de estabilidad o en una fuente adicional de incertidumbre. El gobierno debería informar el avance de los programas de inversión, los pagos pendientes, las licitaciones, los contratos modificados y el estado de los proyectos que impactan carreteras, infraestructura hidráulica, seguridad y mercados regionales.

La comparación con otros estados del noroeste puede aportar contexto, siempre que se utilicen indicadores equivalentes. Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit tienen estructuras económicas diferentes, por lo que no basta con ordenar entidades de mayor a menor crecimiento. La comparación útil debe observar empleo formal, actividad agropecuaria, comercio, turismo, inversión pública, percepción de inseguridad y capacidad de respuesta institucional.

Seguridad y economía no pueden tratarse como agendas separadas

El Gobierno de Sinaloa ha presentado la recuperación de la paz y la seguridad como prioridad inmediata. La relación con la economía es directa: una empresa puede posponer una inversión si no puede garantizar el traslado de trabajadores, mercancías o insumos; un comercio puede reducir su horario si la clientela deja de acudir; y una comunidad puede perder actividad si las familias se desplazan.

Por eso, el resultado de la estrategia no debería medirse sólo con comunicados sobre operativos. También deben observarse denuncias, tiempos de respuesta, continuidad de rutas, reapertura de negocios, regreso a comunidades y percepción de seguridad. El Inegi señala que sus encuestas de seguridad permiten estudiar la percepción de la población en espacios como el trabajo, la escuela, el mercado y el transporte público, dimensiones relevantes para evaluar si la recuperación llega a la vida diaria. ([inegi.org.mx](https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/?origen=app&utm_source=openai))

La interinidad enfrenta así una contradicción central: necesita resultados rápidos, pero la confianza no se reconstruye con una sola decisión. Requiere información constante, coordinación institucional y señales de que las reglas se aplican de manera previsible. La nueva administración puede ganar margen político si convierte sus prioridades en compromisos públicos, pero también puede perderlo si mantiene la opacidad sobre recursos, avances y obstáculos.

En breve

  • Graciela Domínguez Nava asumió la gubernatura interina de Sinaloa el 25 de agosto de 2026, tras la licencia indefinida de Rubén Rocha Moya.
  • La actividad económica estatal reportó una caída anual de 4.5% en el primer trimestre de 2026, mientras también se reportaron deterioro de la pobreza laboral y pérdida de empleos.
  • La prueba de la administración será convertir seguridad, empleo y reactivación en metas públicas, con seguimiento por sector, municipio y presupuesto ejercido.

Fuentes consultadas

  1. Gobierno del Estado de Sinaloa, mensaje de Graciela Domínguez Nava, 25 de agosto de 2026.
  2. Congreso del Estado de Sinaloa, nombramiento de la gobernadora interina, 25 de agosto de 2026.
  3. El País México, análisis sobre la economía de Sinaloa, 28 de agosto de 2026.
  4. Inegi, información metodológica del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal.
  5. Inegi, información de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

Por Editor

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