La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, afirmó el 6 de octubre de 2026 ante la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, que México no tiene actualmente condiciones para avanzar hacia la explotación de gas de lutitas mediante fracturación hidráulica, conocida como fracking. La funcionaria precisó que la presidenta Claudia Sheinbaum no autorizó pruebas piloto de esa técnica, sino estudios para verificar si existe agua salada y profunda que eventualmente pudiera utilizarse, además de evaluar la viabilidad técnica y ambiental en zonas del noreste.La aclaración es relevante porque separa dos decisiones que en el debate público han comenzado a mezclarse: investigar si hay condiciones físicas para estudiar el recurso no convencional y autorizar la perforación de pozos para fracturarlo. La primera actividad está en curso; la segunda, de acuerdo con la posición expresada por Semarnat, no está autorizada ni cuenta con condiciones para avanzar.En breveSemarnat descarta por ahora la explotación comercial mediante fracking y niega que existan permisos presidenciales para pruebas piloto.Los estudios se concentran en la disponibilidad de agua salada y profunda, así como en la viabilidad técnica de la zona bajo análisis.Antes de cualquier pozo, el Gobierno deberá resolver la compatibilidad con acuíferos deficitarios, actualizar reglas y demostrar que puede inspeccionar y sancionar.El alcance real de los estudios sigue necesitando precisiónEn su comparecencia, Bárcena explicó que la autorización se limita a revisar si hay agua disponible en condiciones que eviten competir con el consumo humano o agrícola. También señaló que, si el análisis avanzara, deberían preferirse fuentes salinas, prohibirse el uso de agua destinada a las personas o al campo y reciclarse al menos 75 por ciento del líquido utilizado.La comunicación oficial coloca al noreste como área de interés, pero todavía hay un punto que requiere mayor detalle público: la delimitación geográfica exacta y la etapa administrativa de cada estudio. La versión estenográfica de Semarnat menciona la inclusión de Nuevo León y describe una primera etapa de análisis; reportes periodísticos ubican la atención en la cuenca Sabinas-Burro-Picachos, entre Coahuila y Nuevo León, mientras que otra referencia periodística habló de la cuenca de Burgos, en Tamaulipas. No es una diferencia menor. Cada cuenca tiene acuíferos, usuarios, infraestructura, condiciones geológicas y problemas de disponibilidad distintos.Por eso, la autoridad tendría que publicar las coordenadas o polígonos de estudio, el nombre de las instituciones participantes, los objetivos de cada prueba y una distinción clara entre investigación hidrogeológica, exploración petrolera y fracturación hidráulica. Sin esa información, la palabra “piloto” puede generar una expectativa equivocada: un estudio de agua no equivale a un pozo productor, pero tampoco debería convertirse en una autorización implícita por etapas.El agua no es una condición abstractaLos registros de la Comisión Nacional del Agua ofrecen un primer elemento para dimensionar el problema. En Nuevo León, el acuífero Sabinas-Parás aparece con una disponibilidad media anual negativa de 74.099547 hectómetros cúbicos; Conagua reporta una recarga media anual de 46.0 hectómetros cúbicos y una extracción de 102.399547 hectómetros cúbicos. El dato significa que, bajo la metodología oficial, el volumen disponible para nuevas concesiones es deficitario.La propia Conagua explica que una disponibilidad negativa refleja un déficit y que la disponibilidad media anual sólo representa el volumen que podría extraerse adicionalmente sin poner en riesgo el equilibrio del acuífero, una vez consideradas la extracción existente y las descargas naturales comprometidas. El indicador no responde por sí solo si una formación profunda contiene agua salina utilizable para una operación industrial, pero sí impide presentar el noreste como un territorio hidráulicamente disponible por definición.La pregunta central será, entonces, si el agua salada y profunda que se pretende estudiar pertenece a una unidad hidráulica independiente de los acuíferos aprovechados por comunidades, actividades agrícolas e industrias. Para responderla se requieren estudios de conectividad, presión, calidad, flujo subterráneo y comportamiento de los pozos. Los lineamientos publicados por Conagua para yacimientos no convencionales ya contemplan la necesidad de acreditar la independencia hidráulica mediante parámetros como transmisividad, conductividad, pH, sólidos disueltos, características isotópicas y la descripción de los estratos que separan el acuífero del yacimiento.El punto crítico es que reciclar 75 por ciento del agua no elimina los riesgos ni vuelve irrelevante el 25 por ciento restante. También debe definirse cómo se almacenarán, transportarán, tratarán y dispondrán los fluidos de retorno y el agua producida, que pueden contener sales, aditivos y sustancias movilizadas desde la formación geológica. La política hídrica tendría que establecer límites por cuenca, reglas de emergencia, monitoreo independiente y mecanismos para suspender operaciones si cambian la calidad o los niveles del agua.La regulación existe, pero no resuelve por sí sola la decisión políticaMéxico cuenta con antecedentes regulatorios para pozos y aguas asociadas a yacimientos no convencionales. El Diario Oficial de la Federación publicó en 2017 lineamientos para proteger las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales. También existen disposiciones de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente sobre construcción y mantenimiento de pozos, además de reglas de la autoridad energética para perforación y autorización de pozos exploratorios.Sin embargo, tener normas generales no equivale a contar con un esquema específico, actualizado y aplicable a un posible programa de fracking en el noreste. Antes de autorizar cualquier prueba se tendría que precisar qué autoridad evaluará el impacto acumulativo, cómo se coordinarán Semarnat, ASEA, Conagua y la autoridad energética, qué información será pública y quién asumirá la responsabilidad de reparar un daño.La capacidad de vigilancia es otro límite señalado por la propia secretaria. Durante la comparecencia, Bárcena dijo que Profepa recibe alrededor de 14 mil denuncias al año y cuenta con 507 inspectores y 150 abogados; también estimó que requiere 350 millones de pesos adicionales para reforzar sus tareas en 2027. Esos números importan para el fracking porque un proyecto no se controla sólo con una autorización inicial. Se necesitan inspecciones durante la perforación, supervisión de la cementación y la integridad del pozo, seguimiento de acuíferos, verificación de sustancias químicas, control de residuos y capacidad de sancionar o detener actividades.El siguiente debate será sobre evidencia, no sobre anunciosLa postura de Semarnat congela la explotación, pero no cierra la discusión. El Gobierno todavía debe explicar qué resultados considerarían suficiente evidencia para pasar de los estudios de agua a una eventual solicitud de exploración. También debe aclarar si habrá consulta a comunidades, participación de universidades públicas, publicación de bases de datos y revisión por pares de los estudios.La experiencia mexicana en conflictos ambientales vuelve especialmente importante esa trazabilidad. En regiones donde el agua subterránea sostiene actividades productivas y abastecimiento local, la promesa de utilizar únicamente agua salina puede ser insuficiente si no se demuestra su disponibilidad, su calidad, el costo de tratarla y la ausencia de conexión con fuentes dulces. La decisión no debería depender únicamente del potencial gasífero de una formación, sino de una comparación transparente entre beneficios energéticos, consumo de agua, emisiones, riesgos y alternativas para reducir la dependencia del gas.Por ahora, el dato políticamente firme es que no hay autorización para explotar mediante fracking. El dato técnicamente pendiente es si existe una base hidrogeológica y regulatoria que permita siquiera considerar una prueba. En un país con acuíferos deficitarios y una inspección ambiental limitada, esa diferencia no es semántica: es la frontera entre investigar una posibilidad y abrir la puerta a una actividad que después resulte difícil de controlar.Fuentes consultadasSemarnat, versión estenográfica de la comparecencia de Alicia Bárcena, 6 de octubre de 2026.Semarnat, comunicado sobre la comparecencia ante la Cámara de Diputados, 7 de octubre de 2026.Conagua, disponibilidad de agua subterránea por acuífero en Nuevo León.Conagua, actualización de la disponibilidad del acuífero Sabinas-Parás.Diario Oficial de la Federación, lineamientos para la protección de aguas nacionales en yacimientos no convencionales.La Jornada, cobertura de la comparecencia, 6 de octubre de 2026.Vanguardia, alcance territorial y regulatorio de los estudios, 7 de octubre de 2026. 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