Paquete Económico 2027: el costo de no subir impuestos puede trasladarse al cumplimiento

El Gobierno federal entregó el Paquete Económico 2027 al Congreso de la Unión el 8 de septiembre de 2026 y la Cámara de Diputados y el Senado lo recibieron formalmente el 9 de septiembre, en la Ciudad de México. La propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público plantea un crecimiento económico de entre 1.5% y 2.5%, ingresos presupuestarios equivalentes a 23.2% del PIB y un déficit de 3.9% del PIB, mientras busca elevar la recaudación sin aumentar de manera general las tasas de impuestos. El paquete todavía no es ley: debe ser discutido y, eventualmente, modificado y aprobado por el Poder Legislativo.

La apuesta oficial combina dos caminos que pueden parecer contradictorios. Por un lado, Hacienda y la presidenta Claudia Sheinbaum sostienen que no habrá nuevos impuestos generales ni un incremento generalizado de tasas. Por otro, la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta plantea controles más estrictos para deducciones, pérdidas fiscales, intereses, pagos al extranjero y operaciones que la autoridad considere simuladas. En términos prácticos, no subir la tasa nominal no significa necesariamente que todas las empresas paguen lo mismo que antes.

En breve

• El paquete es una propuesta: la Ley de Ingresos debe ser aprobada primero por la Cámara de Diputados y después por el Senado; el Presupuesto de Egresos corresponde exclusivamente a los diputados.
• El RESICO se ampliaría: el umbral propuesto pasaría de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas y de 35 a 50 millones para personas morales.
• La vigilancia recaería en la operación: facturación, deducciones, pérdidas, pagos digitales, retenciones y documentación serían determinantes para sostener la posición fiscal de cada contribuyente.

Una estrategia de recaudación sin reforma fiscal integral

El diseño parte de una limitación política y financiera: el Ejecutivo busca contener el déficit y sostener prioridades de gasto sin presentar una reforma fiscal integral que eleve los impuestos al consumo o modifique de forma general las tasas del ISR. Hacienda calcula que los ingresos tributarios crecerán 5.9% en términos reales durante 2027, de acuerdo con la explicación pública del paquete. La meta depende menos de cobrar una tasa mayor a todos y más de lograr que una proporción mayor de la actividad económica quede registrada, facturada y fiscalizada.

Ese enfoque tiene una ventaja evidente para el Gobierno: puede generar ingresos adicionales sin abrir una negociación sobre IVA, ISR o IEPS para el conjunto de la población. Pero también tiene un límite. La recaudación por fiscalización no es automática y depende de la capacidad del SAT para detectar incumplimientos, sostener los créditos fiscales en tribunales y evitar que los costos administrativos terminen desalentando la formalización.

El Congreso también tendrá que valorar si las metas macroeconómicas son consistentes entre sí. Un crecimiento de 1.5% a 2.5% implica un escenario de expansión moderada, mientras el déficit de 3.9% del PIB mantiene una presión relevante sobre las finanzas públicas. Si la economía crece menos de lo previsto, la recaudación puede quedar por debajo de la estimación y el déficit aumentar, salvo que el Gobierno ajuste el gasto o consiga ingresos extraordinarios.

Qué puede cambiar para micronegocios y trabajadores independientes

El aumento propuesto al límite del Régimen Simplificado de Confianza puede beneficiar a pequeños comercios, prestadores de servicios, profesionistas y negocios familiares que hoy se encuentran cerca del tope de ingresos. Para personas físicas, el umbral pasaría de 3.5 a 5 millones de pesos anuales; para personas morales, de 35 a 50 millones. La ampliación no equivale a una condonación ni elimina la obligación de emitir comprobantes, presentar información y mantener actualizados los datos fiscales.

Para una persona que trabaja por su cuenta, la oportunidad estaría en acceder a un esquema de cálculo más sencillo y con tasas de ISR relativamente bajas, siempre que cumpla las condiciones del régimen. El riesgo es que la simplificación se interprete como una licencia para operar de manera informal. En realidad, el RESICO funciona mejor cuando los ingresos están bancarizados, las facturas coinciden con los depósitos y los clientes exigen comprobantes.

El problema operativo aparece en negocios pequeños con capacidades administrativas limitadas. Una fonda, una tienda de barrio o un profesionista independiente puede tener ingresos dentro del umbral, pero no necesariamente contar con sistemas para conciliar ventas en efectivo, transferencias, terminales de pago, facturas canceladas y retenciones. La formalidad puede ser más accesible en el papel y más exigente en la práctica.

Por eso, el resultado dependerá de las reglas secundarias y de la facilidad real de los trámites. Si el SAT simplifica declaraciones y evita duplicidades, el RESICO puede ampliar la base de contribuyentes. Si la digitalización se traduce únicamente en más avisos, cruces de información y sanciones, algunos negocios podrían considerar que el costo de cumplir supera el beneficio de formalizarse.

El punto sensible para empresas formales

La parte de mayor impacto para compañías medianas y grandes está en las modificaciones propuestas al ISR. Para personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos, Hacienda plantea un mecanismo de control sobre deducciones autorizadas y pérdidas fiscales. La iniciativa contempla que, bajo ciertos supuestos, las deducciones no puedan superar determinados porcentajes de los ingresos acumulables y que las pérdidas fiscales sólo puedan amortizarse hasta por 50% de la utilidad fiscal de cada ejercicio.

La propuesta también reduciría de 30% a 20% el límite para deducir intereses netos respecto de la utilidad fiscal ajustada. Asimismo, plantea reglas más estrictas para pagos al extranjero y para anticipos vinculados con servicios o arrendamientos, de modo que la deducción se reconozca cuando exista una prestación o un uso efectivo, no únicamente cuando se haya realizado el pago.

Hacienda presenta estas medidas como herramientas contra factureras, planeaciones agresivas y operaciones que erosionan la base gravable. La discusión relevante, sin embargo, no se limita a las empresas que utilizan esquemas simulados. Los topes pueden alcanzar a compañías que operan legalmente, pero tienen márgenes reducidos, altos costos financieros, ciclos largos de inversión o pérdidas acumuladas por una etapa de expansión.

La diferencia estará en la letra final de la ley, las excepciones y la forma en que el SAT aplique los criterios. Una empresa puede no tener una factura falsa y aun así enfrentar un pago provisional más alto si no puede utilizar sus pérdidas con la misma rapidez. También puede registrar un mayor ISR efectivo si parte de sus gastos deja de ser deducible en el ejercicio en que se pagan.

Digitalizar no es lo mismo que simplificar

El Gobierno ha vinculado el paquete con una agenda más amplia de digitalización y formalidad. La presidenta señaló que una futura Ley de Economía Digital buscaría reducir el uso de efectivo y generalizar los pagos electrónicos; el secretario de Hacienda indicó que esa ley no forma parte del Paquete Económico, aunque estaría relacionada con sus objetivos de largo plazo.

La trazabilidad de los pagos puede ayudar a combatir la evasión, el uso de facturas falsas y ciertas operaciones vinculadas con combustibles. También puede mejorar la información disponible para diseñar políticas públicas. Pero la misma trazabilidad cambia la relación cotidiana entre el contribuyente y la autoridad: cada diferencia entre facturas, depósitos, inventarios y declaraciones puede generar una revisión.

Para los negocios formales, la consecuencia será la necesidad de fortalecer controles internos, no sólo contratar a un contador para presentar declaraciones. Las empresas tendrán que revisar contratos, políticas de compras, pagos a proveedores, operaciones con partes relacionadas, documentación de pérdidas y conciliaciones bancarias. En los micronegocios, el reto será más básico: separar las finanzas personales de las del negocio y conservar evidencia de cada operación.

Lo que todavía puede cambiar en el Congreso

El calendario legislativo deja claro que el texto presentado no es definitivo. La Cámara de Diputados tiene como fecha límite el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos; el Senado debe resolverla a más tardar el 31 de octubre. El Proyecto de Presupuesto de Egresos deberá aprobarse en la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre, según el Canal del Congreso.

Durante el debate, los legisladores pueden modificar los límites del RESICO, las reglas para deducciones y pérdidas, los estímulos a la inversión y las disposiciones sobre pagos digitales. También pueden ajustar las estimaciones de ingresos y gasto si consideran que los supuestos económicos son demasiado optimistas. Hasta que termine ese proceso, no es responsable presentar las medidas como obligaciones vigentes.

La lectura más útil para contribuyentes y empresas es separar tres planos. El primero son las metas macroeconómicas, como crecimiento, inflación, déficit e ingresos. El segundo son las propuestas legales, que podrían cambiar antes de su aprobación. El tercero son las decisiones administrativas que cada negocio puede tomar desde ahora: revisar su facturación, documentar deducciones, conciliar cuentas y evaluar si el RESICO corresponde a su situación.

El Paquete Económico 2027 no plantea una subida general de impuestos, pero sí intenta recaudar más modificando el perímetro de lo que se considera comprobable, deducible y fiscalmente visible. Esa es la contradicción central: la promesa de estabilidad tributaria convive con una mayor intensidad de control. Para quien ya cumple, el desafío será demostrarlo con información ordenada; para quien opera fuera del sistema, la puerta de entrada puede ser más amplia, pero también más difícil de ignorar.

Fuentes consultadas

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027, consultado el 11 de septiembre de 2026.
• Canal del Congreso, recepción del Paquete Económico 2027 por la Cámara de Diputados y el Senado, 9 de septiembre de 2026.
• La Jornada, declaraciones del Gobierno federal sobre impuestos, evasión y formalidad, 10 de septiembre de 2026.
• PwC México, análisis de las propuestas fiscales incluidas en el Paquete Económico 2027, consultado el 11 de septiembre de 2026.